Posteado por: uranuevacultura | octubre 17, 2012

Comentarios a la Memoria para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra

FUNDACION NUEVA CULTURA DEL AGUA AMPLIACION DE LA 1ª FASE
DEL CANAL DE NAVARRA (RAMAL ARGA EGA) Y SU ZONA REGABLE
COMENTARIOS A LA MEMORIA RESUMEN Y PROPUESTAS PARA SU
CONSIDERACIÓN EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Nuria Hernández-Mora Zapata con DNI 5.275.285-M en nombre y representación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, con domicilio en C/Pedro Cerbuna, 12, 4º dcha.- 50009 Zaragoza y CIF G-50902006 expone:

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, nos notificó la identificación de enlaces de internet a la documentación del proyecto de «Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra (Ramal Arga – Ega) y de su zona regable», conforme a lo establecido en el artículo 48 del Decreto Foral 4/2005 que desarrolla la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección Ambiental, para el inicio del período de Consultas Previas.

Referencia:
Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
Procedimiento: Evaluación de Impacto Ambiental (Fase 1)
Expediente: 0001-0034-2012-000015

La documentación cuyos enlaces se han facilitado es un documento denominado «Memoria – Resumen Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra (Ramal Arga – Ega) y de su zona regable» de treinta páginas más dos planos uno de situación y otro de las áreas de protección ambiental.

En el ejercicio del derecho otorgado a presentar observaciones relativas al proyecto señalado se formulan las siguientes:

Primera.- Comentarios a la Memoria facilitada

La memoria, en su página 11, plantea que el proyecto va a contribuir a la consecución de los siguientes objetivos:

– Fijación de la población rural y un desarrollo territorial equilibrado
– Aumento de la competitividad de la agricultura de regadío
– Aumento de las posibilidades de renta y empleo
– Integración más adecuada de las actuaciones en el medio ambiente, fomentando
particularmente una gestión más eficaz de la energía y del recurso hídrico y
propiciando una mejor adaptación de la actividad agraria a la capacidad
productiva del medio natural que respete la capacidad de acogida del entorno.”

No existen razones objetivas para asegurar que este proyecto contribuirá a alcanzar dichos objetivos y la experiencia de la primera fase del canal pone en cuestión estas afirmaciones. En la memoria se echa en falta un mínimo diagnóstico socioeconómico que soporte semejante afirmación.

No hay un mínimo diagnóstico social

Solo se suministra información de la población total de los municipios afectados, sin datos de la población agraria: nº de agricultores, nº de altas en la seguridad social agraria, trabajadores agrarios, información sobre renta, empleo, estructura de la propiedad de la tierra, edad de los agricultores,… No hay una mínima justificación para incluir el proyecto en la categoría de regadíos sociales.

No se informa de la viabilidad económica y social

La Memoria no suministra ningún dato económico, ni de los costes de la obra, ni de los beneficios que se esperan obtener.

El Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la inclusión de la zona regable de la “Ampliación de la 1.ª Fase del Canal de Navarra” suministra una información incompleta de los costes:

“supone 198 millones de euros de coste de inversión de las obras de interés general más las obras de interés agrícola privado, cuya financiación queda condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria, dentro del Apartado III “Nuevos regadíos sociales”.

Existen otras informaciones de notas de prensa y comparecencias parlamentarias en las que el Gobierno de Navarra suministra otras cifras diferentes.

No hay ninguna información de los beneficios que se van a generar. Sin un análisis coste-beneficio claro y comprensible, resulta completamente gratuito afirmar que va a fijar población, aumentar la competitividad, o la renta y el empleo. Los tres primeros objetivos, muy ligados a factores económicos, se verán afectados negativamente si el proyecto cuesta más de lo que va a generar, lo cual resulta más que probable Por otra parte, no hay mención a la financiación de la obra, si se va a recurrir a préstamos o a peajes en la sombra y en qué condiciones. Los costes se soportarán en parte por los agricultores, pero en su mayor parte serán asumidos por la sociedad en general con las consecuencias ya conocidas de recortes en otras áreas, incluidos en otros sectores de la agricultura y ganadería.

Objetivos ambientales vacíos.

En cuanto al cuarto objetivo, la afirmación de que se obtiene una “integración más adecuada en el medio ambiente” también resulta gratuita. Se utilizan estos eslóganes vacíos de contenido para maquillar el deterioro ambiental que se va a producir. En la memoria se contabiliza el ahorro energético por anulación, sobre el papel, de elevaciones en la 2ª fase, y además no se considera la energía consumida en la fase de construcción del proyecto. Se señalan caudales liberados en los ríos Arga, Ega, Aragón y Ebro, pero no se consideran los caudales detraídos del río Irati, que a su vez afectarán a los ríos Aragón y Ebro. Se ofrece una versión muy sesgada, mostrando únicamente ciertos aspectos puntuales, ocultando todos los que no interesan, y evitando la visión de conjunto

Desprecio a la participación pública, negación del derecho de los agricultores a decidir previamente.

Como muestra del desprecio de la participación pública, queremos resaltar que mientras nos ocupamos en tratar de responder a las Consultas Previas, antes de la exposición pública y de la aprobación del proyecto, ya se ha declarado la utilidad pública e interés general de las actuaciones a realizar, “así como a efectos expropiatorios, cuando sea de aplicación”, de acuerdo con el Decreto Foral 102/2012 de 5 de septiembre, que también pretende:

“Agilizar al máximo los trámites e iniciativas necesarios para que la construcción de las obras de la Ampliación de la 1.ª Fase del Canal de Navarra se inicie dentro del año 2013 y se concluya en el año 2015”

Pero lo más grave es que niegan el derecho de los agricultores a pronunciarse y decidir previamente, derecho reconocido en la normativa estatal y foral:

Normativa estatal. Ley de Aguas

  • Se están ignorando las cláusulas de la Ley de Aguas y sus Reglamentos que proporcionan ciertas garantías a los agricultores a los que se les va a proveer agua de riego en régimen de servicio público, como es el caso. El artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que el solicitante de una concesión de este tipo debe de acreditar previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras. Esta condición no se ha respetado en la primera fase del Canal, y nada parece indicar que se vaya a respetar en esta ampliación.
  • También está establecido reglamentariamente que la instancia de solicitud justificará los valores máximos y mínimos de las tarifas correspondientes, lo cual no se ha cumplido, con lo cual se acaba de anunciar en prensa una subida del 5% de las tarifas a los regantes sin más explicaciones
  • Por último, está establecido reglamentariamente que se aportará además un estudio económico de la transformación de secano a regadío que permita dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de la misma. Aunque existe un estudio de Riegos de Navarra del año 1994 dando unas rentabilidades portentosas para las fases 1 y 2 del Canal inicialmente previsto, este estudio ha quedado completamente desacreditado por la realidad de la primera fase, y no debería seguir utilizándose para justificar nuevas inversiones.

Normativa foral. Reglamento de la ley de Infraestructuras Agrarias

  • El Decreto Foral 59/2003 del 24 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras agrarias, en su artículo 2. b) dice lo siguiente:

“Cuando se trate de llevar a cabo la concentración parcelaria en una zona y, además, se lleve a cabo, total o parcialmente, una transformación en regadío o la modernización de uno ya existente, deberán formular la solicitud, al menos, el 70% de los titulares de las explotaciones agrarias de la zona que figuren inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, …”

En este proyecto está habiendo una aplicación parcial e interesada de la normativa. Por una parte, ignoran lo que se refiere al derecho de los agricultores a decidir, pero la utilizan (Ley Foral de Infraestructuras Agrarias) para imponer el proyecto mediante la expropiación, una medida que solo podría tener justificación en caso de una decisión mayoritaria de los agricultores, tal como marca el ignorado artículo 2.

Por último, ni se molestan en respetar los plazos y las jerarquías que marca la normativa vigente ya que esta actuación se encuentra sujeta al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE), todavía en periodo de exposición pública, y por tanto sin aprobar. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro se va aprobar con 3 años de retraso y mientras tanto las CC.AA., con la aquiescencia de la CHE, están llevando a cabo actuaciones que figuran en el Plan antes de que se someta a información pública y se apruebe.

Recordemos lo que dice la Directiva Marco del Agua, “Los estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca.”

Ninguna valoración de la primera fase del canal

Nuestros políticos continúan sin informarnos de los costes reales del embalse de Itoitz y de la primera fase del Canal y su zona regable. No nos han demostrado ni cuáles han sido los supuestos beneficios obtenidos, ni las cifras de creación de empleo que prometían. De acuerdo con los datos disponibles, el proyecto no ha generado valor económico, ni empleo, pero sí ha generado deuda, parte de ella sin reconocer gracias a la ingeniería financiera pública. A pesar de tan pobres resultados, esta nueva ampliación ya ha sido declarada de “interés general y utilidad pública” sin un mínimo de estudios previos, sin rigor técnico, sin expectativas de viabilidad económica, sin información transparente y sin participación social.

Segunda.- Propuestas a considerar en el alcance del estudio y la evaluación de impacto ambiental

Transparencia y participación pública. Consulta previa a los agricultores

En la primera fase del Canal de Navarra, los agricultores han podido elegir, a toro pasado, entre la puesta en riego o la expropiación. Nunca antes de la aprobación del proyecto.

El Gobierno de Navarra acaba de publicar el Decreto Foral 102/2012 del 5 de septiembre, por el que esta ampliación queda declarada de interés general, indicando que se proponen acelerar los trámites para iniciar las obras en 2013. Se va a impedir la mínima información y participación pública, muy necesaria en un proyecto de esta envergadura y uno de los principios básicos de la Directiva Marco del Agua.

Se propone que antes de la aprobación del proyecto deberían cumplirse los requisitos marcados por el Real Decreto Legislativo 1/2001, Texto Refundido de la Ley de Aguas, y por el Real Decreto 849/1986, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y especialmente el Decreto Foral 59/2003, que reglamente la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras agrarias, citados anteriormente y que reconocen el derecho de decisión previa de los agricultores afectados. En consecuencia, el Gobierno de Navarra debería llevar a cabo una consulta pública, previa a la aprobación del proyecto, en la que recabe de los afectados su conformidad para la puesta en riego, informando previamente de las condiciones: tipo de parcelación, costes económicos, tarifas, situación de las actuales concesiones, dependencia de una fuente de agua lejana, etc.

Esta misma propuesta fue elevada en su día por agricultores afectados por el proyecto de regadíos de Tierra Estella, que fue denegada por el Gobierno y apoyada por el Defensor del Pueblo en la Resolución: 181/2009 del 11 de septiembre

“RESUELVO: 1º-Recomendar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra que, mediante la fórmula que considere más conveniente, disponga lo necesario para conocer con certeza y seguridad la opinión y posición de la generalidad de los propietarios afectados sobre la actuación de transformación proyectada”

Se adjunta la Resolución del Defensor del Pueblo escaneada para que se tenga en consideración.

En suma, de un lado, el órgano sustantivo no debe prescindir de la participación de los afectados en cuanto a recabar sus observaciones por su condición de público y su consentimiento por ser interesados conforme al artículo 31.1.b de la Ley 30/1992 por verse directa e individualmente afectados en sus derechos sobre las tierras incluidas en el proyecto, así como por los deberes de buena administración como indica el Defensor de Pueblo; y, de otra parte, el órgano ambiental no debe ignorar este aspecto tan relevante sobre la viabilidad ya que forma parte indisoluble del análisis de alternativas exigido en el artículo 5.3.d) de la Directiva 2011/92, pues para seleccionar las alternativas a analizar sólo se puede hacer desde el estudio de su viabilidad (el ejemplo más claro es cuando el promotor dice que la alternativa “0” no es viable porque deja determinadas necesidades sin satisfacer y la realización del proyecto sí lo es porque las satisfará), así como respecto de la recuperación de los costes, incluidos los ambientales, cuyo análisis viene exigido por el artículo 9 en relación con el anexo III de la Directiva 2000/60.

Realización de un estudio previo de viabilidad económica y social y de recuperación de costes

Se propone que se determine como alcance del Estudio de impacto ambiental la realización de un estudio previo, serio y contrastado, de viabilidad económica, social y de recuperación de costes del proyecto, complementario del estudio ambiental, que analice los costes de inversión, la financiación, las tarifas, la rentabilidad económica de los cultivos, la recuperación de los costes, incluidos los ambientales y de recurso, así como un estudio de la población agraria y de la estructura de la propiedad de la zona regable.

Recientemente el Máster de Gestión de Aguas de la Universidad de Zaragoza ha publicado el estudio: ITOIZ 2012, UN ANALISIS ECONOMICO, que pone en cuestión la viabilidad económica de los regadíos del canal de Navarra y alerta sobre los problemas financieros del mismo.

Se adjunta para que se tenga en consideración en la elaboración del EIA

http://www.mastergestionaguas.eu/index.php?option=com_content&view=category&id=49&Itemid=57

En definitiva, conforme a la necesidad de viabilidad que se ha señalado más arriba resulta necesario incluir en el alcance de los efectos a estudiar el efecto de la recuperación de los costes ambientales que tendrá el proyecto pues es un efecto más de carácter ambiental ya que determina directamente la presión, a más coste repercutido menos presión ambiental se ejerce. Así resulta exigible dicho análisis conforme al artículo 3 de la Directiva 2011/92 en relación con el artículo 9 y anexo III de la Directiva 2000/60.

Protección del paisaje rural. Mejora del regadío tradicional manteniendo su carácter.

El proyecto va a alterar paisajes de secano y también de regadío tradicional en los tramos bajos del Arga y del Ega. Algunos de estos entornos son paisajes rurales históricos, que se pueden considerar de alto valor.

Los recientes proyectos de regadíos, con sus correspondientes concentraciones parcelarias, han tenido unas afecciones muy negativas en los paisajes rurales, que no se han evaluado suficientemente (San Martín de Unx, Ablitas, Nekeas, …). Es por ello que proponemos a la autoridad ambiental una mayor exigencia en el tema del paisaje a la hora de definir los contenidos y alcance del EIA.

La aplicación sin excepciones de la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrarias, en lo relativo al tamaño de superficie por hidrante y parcelas de explotación, supone en muchos casos afecciones muy significativas al paisaje rural, arrasando con olivares, viñas, campos de frutales, casetas, caminos, … en aras a una supuesta mayor rentabilidad económica y social. Se propone que, en aquellos regadíos tradicionales con mayores valores paisajísticos y sociales y con el visto bueno de los agricultores (para ello hay que darles la posibilidad de decidir), se puedan hacer excepciones a la citada Ley Foral y se puedan mejorar los regadíos mediante concentraciones parcelarias de menor impacto y manteniendo el riego por gravedad con acequias mejoradas.

Protección obligada además conforme al artículo 5 del Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000 y ratificado por España el 6 de noviembre de 2007 (Boletín Oficial del Estado, núm. 31 de 5 de febrero de 2008).

Mejora de los hábitat fluviales

La evaluación de impacto ambiental debe establecer medidas para prevenir daños, proteger y recuperar los hábitats fluviales, por ello se propone que se realice un inventario de las riberas en buen estado para su protección, así como de las riberas con vegetación degradada para su recuperación mediante su cruce con los mapas de inundación.

Se propone que se aumente el espacio actual de ribera del río, devolviendo a este parte de su territorio para ensanchar los procesos de inundación y mejorar las conexiones con las riberas, garantizando la conservación de la dinámica y de los ecosistemas que sustenta. Se destinarán a ese fin al menos los terrenos que la propia ley de aguas define como Dominio Público hidráulico (D.P.H). Para su definición, se tendrá en cuenta la zona inundable para un periodo de retorno de 10 años.

Mantenimiento de corredores ecológicos

Muchas de los actuales canales y acequias de los regadíos tradicionales conforman una red de corredores naturales que son un hábitat significativo para visón, nutria y galápago, entre otras especies. El proyecto, al cambiar el riego por gravedad por el de presión, va a incidir negativamente en estos corredores. El tema es todavía más relevante, ya que en el tramo bajo del Arga está en marcha un proyecto LIFE “Territorio Visón” con importantes subvenciones para la conservación del visón y sus hábitats.

Se propone que el EIA haga un estudio de estos corredores para su conservación o para poner en marcha otras alternativas de mantenimiento de corredores verdes en las zonas regables.

Escala de la cartografía del EIA 1:5000

Dos zonas del sector XXII del actual proyecto: Arga 3 y 5 (Falces y Funes) cuentan ya con su estudio y declaración de impacto ambiental (nota: Esto es fruto de la improvisación con que se está planificando esta ampliación de la primera fase del canal, ya que hasta fechas recientes estaba prevista la modernización con aguas del Arga, e incluso se han realizado inversiones que no van atener sentido) . La identificación de los “valores de obligada conservación” se ha realizado a escala 1:5.000. Proponemos que se mantenga esta escala en el EIA del proyecto.

No debería repetirse lo ocurrido en el EIA del proyecto de la primera fase del canal que utilizó una escala de 1:50.000. Posteriormente se hicieron estudios de afecciones más precisos por sectores, pero nunca fueron expuestos públicamente, con lo que se está privando de esta información pública a las entidades interesadas.

Analizar la aptitud de los suelos para el regadío. Salinidad y erosión

Analizando los mapas de suelos existentes se puede considerar lo siguiente: En el sector del Arga, los secanos de Larraga y Miranda de Arga, más allá de las terrazas fluviales, tienen fondos y parte de la roca madre salinos. Pueden producirse problemas de erosión en las laderas y de encharcamiento en los fondos y es previsible que haya efluentes salinos al río Arga vía drenajes.

En el sector del Ega puede haber problemas significativos en el entorno del Salobre de Sesma, que son suelos que se asientan sobre yesos y por otra parte los retornos de agua de riego tenderán a encharcar de forma permanente el salobre. La zona de secano en Oteiza al sur de Baigorri no presentaría problemas de salinidad, aunque quizás si de erosión por las pendientes.

Por todo lo anterior, se propone que el EIA analice la aptitud de los suelos para el riego y los problemas de salinidad y erosión que puedan producirse.

El principio de no deterioro adicional, la prórroga de objetivos de las masas de agua relacionadas con el proyecto y la contaminación por salinidad y nitratos

La puesta en riego y la implantación de cultivos intensivos puede ocasionar una mayor contaminación por salinidad y nitratos tanto en aguas subterráneas como efluentes superficiales que terminan en el río a través de las acequias de drenaje. La propia memoria en su punto 5.1 reconoce esta posibilidad.

En el apéndice de Prórrogas y objetivos menos rigurosos del PHCE aparecen con prórroga de objetivos a 2027 diversas masas de agua relacionadas directamente con el proyecto. (se adjuntan las fichas del PHCE para su consideración):

  • Ficha 4: Masas subterráneas 049 Aluvial del Ebro-Aragón (Lodosa Tudela) y 051 Aluvial del Cidacos, con una elevada contaminación por nitratos. Una parte importante del área de riego de este proyecto, tanto del Arga como del Ega, se solapa con estas masas de agua
  • Ficha 31: que incluye entre otras las masas de agua 423: Río Arga desde el ría Salado hasta la desembocadura en el río Aragón y masa 424: Rio Aragón desde el río Arga hasta la desembocadura en el Ebro Arga

La contaminación por nitratos y sales es un deterioro adicional en las masas de agua, especialmente en las subterráneas, lo que contradice los señalado por la DMA en su artículo 4.4

“Los plazos … podrán prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de agua, siempre que no haya nuevos deterioros del estado de la masa agua afectada, ..”

Se propone que se tenga en cuenta lo señalado en la DMA en lo relativo al no deterioro adicional, especialmente en las masas de agua con prórroga de objetivos.

Análisis de alternativas.

La memoria no informa de que se hayan tenido en cuenta otras alternativas, con sus correspondientes estudios de viabilidad económica, social y ambiental.

Entre las otras alternativas, no se ha analizado la posibilidad de riego con aguas del acuífero detrítico del Ebro y sus afluentes con elevación mediante energía eólica. Según los datos del documento del Gobierno de Navarra: Bases para la Planificación. Hacia la gestión integral del agua en Navarra(2002), el acuífero del Ebro y sus afluentes se caracteriza por su importante almacenamiento de fácil regulación y recarga. Los recursos anuales (en territorio navarro) son de 245 Hm3/año de los que solo se utilizan un 30% (Ver tabla10: Distribución de los aprovechamientos por Unidades Hidrogeológicas. pag40 del citado documento). Esto es una constante de la planificación hidrológica de la zona sur de Navarra, en la que se ignora sistemáticamente la utilización de los recursos subterráneos cercanos de menor coste económico y ambiental (la extracción en verano con la consiguiente recarga facilitaría la disminución de la contaminación por nitrtos de los acuíferos), promoviendo otras alternativas más costosas e impactantes de embalses y canalizaciones utilizando recursos lejanos.

Es por ello que se propone que el EIA contemple un análisis de diversas alternativas con estudios de viabilidad económica, social y ambiental.

Respeto a las áreas protegidas.

Colindando con los terrenos que se pretende poner en riego existen varias de interés para las aves esteparias y el LIC fluvial de los tramos bajos del Arga y del Aragón. Se propone que el EIA analice en profundidad las posibles alteraciones que puede ocasionar el presente proyecto

Sobre las mejoras ambientales del proyecto.

Liberación de caudales

La memoria informa de una liberación de caudales de 69,8 Hm3 en los ríos Arga, Ega, Aragón y Ebro. Se supone que los actuales azudes van a dejar de detraer agua para el regadío, pero no se informa sobre la situación e que van aquedar las concesiones ni de las posibles actuaciones sobre los azudes para hacer efectiva la liberación de caudales.

El proyecto de minicentral sobre el Arga en Larraga (Electra Laber SL), actualmente en fase de consultas, no hace referencia a control de caudales y de régimen efluyente, con peligro de producir alteraciones en los caudales y niveles del río que afecten negativamente en el estado ecológico del río. La posible instalación de minicentrales en los actuales azudes de riego pueden suponer un deterioro ambiental que contrarreste los efectos positivos de liberación de caudales.

Es por ello que se propone que la EIA aborde también el destino de los actuales azudes de riego y sus impactos

Mejora de la eficiencia energética

La supuesta mejora de eficiencia se basa en la comparación con la anulación de áreas de riego con elevación que figuran en el anterior proyecto de la 2ª fase del Canal al otro lado del Ebro.

A nuestro entender esto no tiene sentido, por lo que se propone la realización de un análisis de huella energética, incluidos sus costes, de todo el ciclo de construcción y uso del agua en el proyecto.

Se adjuntan los siguientes documentos para ser tenidos en consideración

  1. Informe ITOIZ 2012 UN ANALISISECONOMICO. Se adjunta enlace en el texto
  2. Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra sobre la consulta previa a los agricultores afectados por el regadío de Tierra Estella
  3. Ficha de prórroga de objetivos del rio ARGA DEL phce
  4. Ficha de prórroga de objetivos del aluvial del Ebro Aragón

Por todo ello,

SE SOLICITA que tomen en cuenta las observaciones recogidas en el cuerpo de este escrito y conforme a ellas determine un alcance de la evaluación de impacto ambiental que comprenda lo efectos acumulativos con otros proyectos, los efectos de la construcción pero también los efectos de su funcionamiento, incluyendo de manera especial los aspectos reseñados más arriba, comenzando por un concienzudo análisis de alternativas.
En Zaragoza, a 9 de octubre de 2012-10-09
Nuria Hernández-Mora Zapata
Fundación Nueva Cultura del Agua

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Responses

  1. Los agricultores de Falces y Peralta se están organizando para recurrir al tribunal contencioso administrativo el decreto de ampliación de la primera fase del Canal. Es un atropello, se ha realizado de forma oscura y torticera, sin informar a los afectados, hay interes económicos ocultos.

    • Santiago, gracias por tu comentario. No se están cumpliendo las garantías mínimas de los derechos de los afectados. En la ampliación, para empezar, hay una enorme incertidumbre en cuanto a lo que van a tener que pagar. Es injustificable que empiecen así las obras. Los agricultores de la ampliación podrían unirse como hicieron los de Tierra Estella, que actuaron organizadamente y consiguieron parar el proyecto del embalse de Riomayor y zona regable de Tierra Estella (la crisis también ayudó, claro) y que se hiciesen consultas sobre el proyecto en varios ayuntamientos (en las que se demostró que la práctica totalidad estaba en contra del proyecto)


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