Posteado por: uranuevacultura | junio 21, 2013

Alegaciones de Ura Nueva Cultura al proyecto 1.ª fase del Canal de Navarra y su zona regable

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ALEGACIONES EN EL PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL (PSIS) Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), PROYECTO DE AMPLIACION DE LA 1ª FASE DEL CANAL DE NAVARRA Y SU ZONA REGABLE

FUNDACION NUEVA CULTURA DEL AGUA 

EXPONE:

Habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 96 de 22 de mayo de 2013 el

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 8 de mayo de 2013, por el que se declara el Proyecto de ampliación de la 1.ª fase del Canal de Navarra y su zona regable, promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

En el que se somete el expediente a trámite de información pública, se presentan las siguientes

ALEGACIONES

1.-NO HA HABIDO PARTICIPACION PUBLICA NI CONSULTA PREVIA A LOS AFECTADOS

Se ha negado el derecho de los agricultores a pronunciarse y decidir previamente, y se solicita que la aprobación del Proyecto se posponga a la realización de un proceso de información y de participación pública y de una consulta previa de los afectados.

Exposición pública

En la documentación sometida a exposición pública se aporta el documento: Proceso de participación pública en las actuaciones previas y posteriores ... En este escrito se informa de las solicitudes de algunos aytos y comunidades de regantes, de las consultas previas del EIA a algunos organismos, de la exposición pública del Plan del Ebro y de que, una vez aprobado el proyecto, los agricultores podrán decidir entre incorporarse al proyecto o ser expropiados. No se informa, porque no ha existido de un proceso de información y participación específico del proyecto y en ningún momento se recoge el derecho de los agricultores a pronunciarse previamente.

Normativa estatal y foral que recoge este derecho

Normativa estatal. Ley de Aguas

Se están ignorando las cláusulas la Ley de Aguas y sus Reglamentos que proporcionan ciertas garantías a los agricultores a los que se les va a proveer agua de riego en régimen de servicio público, como es el caso. El artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que el solicitante de una concesión de este tipo debe de acreditar previamente que cuenta con la conformidad de los titulares que reunieran la mitad de la superficie de dichas tierras. Esta condición no se ha respetado en la primera fase del Canal, y nada parece indicar que se vaya a respetar en esta ampliación.

Normativa foral. Reglamento de la ley de Infraestructuras Agrarias

El Decreto Foral 59/2003 del 24 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de al Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras agrarias, en su artículo 2. b) dice lo siguiente:

“Cuando se trate de llevar a cabo la concentración parcelaria en una zona y, además, se lleve a cabo, total o parcialmente, una transformación en regadío o la modernización de uno ya existente, deberán formular la solicitud, al menos, el 70% de los titulares de las explotaciones agrarias de la zona que figuren inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, …”

En consecuencia, el Gobierno de Navarra debería llevar a cabo una consulta pública, previa a la aprobación del proyecto, en la que recabe de los afectados su conformidad para la puesta en riego, informando previamente de las condiciones: tipo de parcelación, costes económicos, tarifas, situación de las actuales concesiones, dependencia de una fuente de agua lejana, etc .

Esta misma propuesta fue elevada en su día por agricultores afectados por el proyecto de regadíos de Tierra Estella, que fue denegada por el Gobierno y apoyada por el Defensor del Pueblo en la Resolución: 181/2009 del 11 de septiembre

“RESUELVO: 1-Recomendar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra que, mediante la fórmula que considere más conveniente, disponga lo necesario para conocer con certeza y seguridad la opinión y posición de la generalidad de lso propietarios afectados sobre la actuación de transformación proyectada”

Por último, señalar que este proyecto carece de la transparencia informativa y participación pública que cabe exigir de acuerdo con la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

Por todo lo anterior se solicita que sea retirado el proyecto, se abra un proceso de información y participación y se consulte previamente a los afectados

2.-NO HAY ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO

No está garantizada la viabilidad económica y social del proyecto, lo que supone un riesgo para los afectados. Se solicita que sea retirado el Proyecto en tanto no se hagan los correspondientes estudios de viabilidad socioeconómica.

El PSIS en su capítulo 3: JUSTIFICACION DE LA UTILIDAD PUBLICA E INTERES GENERAL ( pag 16 y siguintes) considera que el proyecto va a suponer una contribución importante para el desarrollo económico y social: “desarrollo rural, diversificación y calidad de la producción, reducción de costes, establecimiento de la agroindustria, evitar el despoblamiento, ….

Sin un análisis coste-beneficio claro y comprensible, resulta completamente gratuito afirmar que va a fijar población, aumentar la competitividad, la renta y el empleo

La realidad

La experiencia de la implantación de la primera fase del canal nos muestra una realidad diferente: La mayor parte de la superficie dedicada al maíz, los costes se han disparado, muchos de los pequeños agricultores han vendido sus tierras, no se ha paralizado la tendencia a la disminución de la población agraria y han cerrado varias empresas agroindustriales.

En estas circunstancias se imponía la necesidad de una evaluación de los resultados de la primera fase del canal y la realización de un estudio previo de viabilidad económica y social y de recuperación de costes tal como recomienda la normativa

Normativa

La Ley de Aguas establece reglamentariamente la obligación de aportar un estudio económico de la transformación de secano a regadío que permita dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de la misma. Considera también el establecimiento de los valores máximos y mínimos de las tarifas a pagar por los regantes.

Aunque existe un estudio de Riegos de Navarra del año 1994 dando unas rentabilidades portentosas para las fases 1 y 2 del Canal inicialmente previsto, este estudio ha quedado obsoleto y completamente desacreditado por la realidad de la primera fase, y no debería seguir utilizándose para justificar nuevas inversiones.

Se echa en falta la realización de un estudio previo, serio y contrastado, de viabilidad económica, social y de recuperación de costes del proyecto, complementario del estudio ambiental, que analice los costes de inversión, la financiación, las tarifas, la rentabilidad económica de los cultivos, la recuperación de los costes, incluidos los ambientales y de recurso, así como un estudio de la población agraria y de la estructura de la propiedad de la zona regable.

Es por ello que se solicita la retirada del PSIS hasta que no se realicen los estudios socioeconómicos pertinentes

3.- ESCASEZ DE AGUA PROGRAMADA

El proyecto de Itoiz-Canal de Navarra, con el nuevo ámbito de actuación definido en el PSIS, ha aumentado su superficie, pasando de las  53.125 ha inciales a las 59.160 ha que resultan tras la incorporación de la Ampliación de la 1ª Fase y modificación de la 2ª Fase. Y dice el PSIS:

“Este incremento de la superficie regable se aprobó después de constatar el ahorro con las modernas técnicas de riego, que permiten un menor consumo de agua por hectárea respecto al previsto inicialmente”

No dice sin embargo cuáles han sido los datos en los que se apoya esta afirmación. El consumo va a depender en gran medida de los cultivos a regar, y el cultivo que continúa creciendo aceleradamente es el maíz, gran consumidor de agua, con 11.000m3/ha en años secos.

De acuerdo con el contenido del documento de la EIA “Anexo n 2 Necesidades de agua de los cultivos”, se diferencia una zona Tipo B, con un 94% de viña, que abarcaría la superficie en los municipios de Andosilla, Azagra y San Adrián (3.434 ha) y el resto, zona Tipo A, con un 57,5% de maíz (55.726 ha). El consumo depende de la climatología, siendo mayor unos años que otros. Para el 85% de los años (8,5 de cada 10), a las zonas se les calcula un consumo menor o igual, a 6.184 m3/ha en Tipo A y 1.316 m3/ha en Tipo B, estableciendo que el 15% de años en que consumirán más agua, habrá que limitar la superficie de maíz (lo cual es impracticable porque cuando se siembra no se conoce qué tiempo va a hacer). El volumen total resultaría

55.726 ha x 6.184 m3/ha  +  3.434 ha x 1.316 m3/ha  =  349.128.728 m3   =  349 hm3

Sobrepasando claramente los 340 hm3 de concesión. Un problema añadido a este cálculo es que la cifra de 349hm3 no incluye las pérdidas por fugas, evaporación y tareas de limpieza que se producen en el Canal. Sin embargo estas pérdidas no son desdeñables, y entran a formar parte del caudal concesional mermando el agua disponible para los riegos.

Por otro lado, el que exista una concesión de 340 hm3 no garantiza en absoluto su disponibilidad. Sólo los años en que Itoiz embalse suficiente agua habrá disponibilidad. De acuerdo con datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre el año hidrológico 1981/1982 y 2001/2002, sólo 3 de cada 10 años hubo aportaciones suficientes como para haber garantizado los caudales concesionales otorgados en el Canal.

Estos dos factores, por un lado la insuficiencia de los 340 hm3 para cubrir toda la zona regable propuesta, y por otro la no disponibilidad de estos 340 hm3 la mayor parte de los años, nos llevan a afirmar que este proyecto nos conduce a una indeseable situación de Escasez Programada.

Con el fin de evitar esta situación de escasez programada, se solicita la retirada del PSIS hasta que no se estudie suficientemente la disponibilidad de agua, el impacto del cambio climático, las necesidades y superficies de los cultivos y se adapte el proyecto a las circunstancias previsibles con un margen razonable de seguridad.

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