Posteado por: uranuevacultura | marzo 13, 2015

El Gobierno premiará a las autonomías y ciudades que apuesten por el ‘fracking’

frackin_no copiaEl Congreso de los Diputados debatirá este jueves el Proyecto de ley por el que se modifica la ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, que establecerá una compensación económica tanto para los municipios como para las comunidades autónomas que acojan en su territorio prospecciones en busca de gas a través de la técnica fracking.

El texto, que fue aprobado en Consejo de Ministros, justifica esos beneficios económicos para los municipios en que así se “armonizan el riesgo y la rentabilidad” con “el interés general de las actividades de investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos”. Para ese fin, en los Presupuestos Generales del Estado se reservará una partida destinada a “incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos“.

Para Rodrigo Irurzun, coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción, esta reforma legislativa “abre la puerta al fracking y lo que hace es que da dinero e incentivos para paliar posibles perjuicios que ocasione cualquier tipo de instalación de hidrocarburos”. Además, subraya que se busca “desarticular la oposición de las personas afectadas”.

“Esto es pan para hoy y hambre para mañana”, señala Irurzun. “A corto plazo sí que puede ser que haya una parte de la población y sobre todo de las instituciones que esté de acuerdo, pero en realidad lo que se genera son redes clientelares y un caciquismo muy fuerte, es un mecanismo perverso”. “Todo se limita a una forma de comprar voluntades“, concluye. El representante de Ecologistas en Acción se pregunta por qué si la actividad no es perjudicial se debe entregar ese dinero.

La patronal que aglutina a la mayoría de empresas interesadas en la fracturación hidráulica, Shale Gas, ya ha elaborado una estimación del dinero que deberá pagar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Según sus cálculos, cada sondeo en tierra, ya sea de exploración o de producción, pagará un canon de 125.000 euros. A esto hay que añadir que el Proyecto de Ley establece que el 1% de la producción se repartirá entre todos los propietarios de los terrenos situados sobre los yacimientos de los que se extraigan hidrocarburos. Además, la patronal recuerda que los ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La Marea, 12 de marzo de 2015

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